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Costa Rica suele ser reconocida por tener uno de los sistemas de protección social más sólidos de América Latina. Durante décadas hemos construido instituciones que acompañan a las personas en distintas etapas de su vida y que han sido fundamentales para reducir desigualdades, ampliar oportunidades y generar cohesión social. Es un sistema del que, con razón, sentimos orgullo.
Sin embargo, como ocurre con cualquier sistema, su diseño no garantiza automáticamente su sostenibilidad. Para que continúe cumpliendo su propósito se necesita algo muy sencillo, pero profundamente importante: que cada vez más personas participen del mercado laboral formal y contribuyan con su financiamiento.
Esta idea fue el punto de partida de un análisis que realizamos recientemente en Fundación Caricaco. Nos preguntamos qué ocurre cuando un programa público de empleabilidad logra exactamente aquello para lo que fue creado: que una persona joven consiga un empleo formal. ¿Qué significa ese resultado para la vida de esa persona? ¿Y qué significa para las finanzas públicas del país?
La respuesta cambia la forma en que solemos entender este tipo de programas. Con frecuencia analizamos iniciativas como Empléate únicamente desde la perspectiva del gasto público. Es natural hacerlo, porque el programa es financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Pero esa mirada deja por fuera una parte igualmente importante de la historia: el momento en que una persona beneficiaria comienza a trabajar formalmente también comienza a fortalecer el mismo sistema que financió su formación.
Cada nuevo empleo formal activa un flujo permanente de contribuciones patronales hacia FODESAF. En otras palabras, una persona joven deja de ser únicamente beneficiaria de una política pública y se convierte también en quien ayuda a financiar las oportunidades de las siguientes generaciones.
Cuando incorporamos esa dinámica al análisis, los resultados son reveladores. Nuestro modelo estima que, bajo la modalidad de Pago por Resultados, la inversión realizada por FODESAF en una persona participante se recupera aproximadamente en siete años. A partir de ese momento, las cotizaciones continúan generando recursos frescos para el fondo durante el resto de la vida laboral de esa persona. En un escenario conservador de 25 años, esto equivale a un retorno cercano a cuatro colones por cada colón invertido y a una tasa interna de retorno cercana al 15% anual.
Más allá de las cifras, este ejercicio deja una enseñanza que considero aún más importante. La sostenibilidad del sistema de protección social depende, en buena medida, de la efectividad de las políticas públicas que buscan incorporar personas al empleo formal. No basta con invertir recursos; es indispensable que esos recursos produzcan el resultado para el cual fueron asignados.
Por eso, en Fundación Caricaco creemos que la efectividad no debería entenderse como un indicador adicional dentro de una matriz de seguimiento. Debería ser un estándar mínimo para cualquier programa público que tenga como objetivo mejorar la empleabilidad.
En el caso específico de Empléate bajo la modalidad de Pago por Resultados, nuestros análisis muestran que una tasa de colocación laboral anual de al menos un 25% constituye un umbral especialmente relevante. A partir de ese nivel, el programa comienza a generar suficientes nuevos contribuyentes para que, en el largo plazo, la inversión realizada por FODESAF retorne nuevamente al fondo a través de las cotizaciones de quienes lograron incorporarse al empleo formal. Naturalmente, esa no debería ser la meta aspiracional del programa; debería ser apenas el punto de partida. La ambición siempre debe ser alcanzar tasas de colocación superiores, porque cada punto porcentual adicional representa más oportunidades para las personas jóvenes y, al mismo tiempo, un sistema de protección social más sólido para el país.
Este tipo de análisis también nos invita a cambiar la conversación sobre el uso de los recursos públicos. Durante muchos años nos hemos preguntado cuánto cuesta un programa. Esa seguirá siendo una pregunta necesaria, pero quizás ha llegado el momento de formular otra igualmente importante: ¿qué nivel mínimo de efectividad estamos dispuestos a exigir cuando invertimos recursos públicos?
La diferencia no es menor. Cuando una política pública logra transformar recursos en resultados verificables, deja de ser únicamente un gasto social y comienza a convertirse en una inversión que fortalece la capacidad futura del propio Estado para seguir generando bienestar.
En un contexto donde los recursos públicos siempre serán limitados y las necesidades sociales seguirán creciendo, medir la efectividad deja de ser un ejercicio técnico. Se convierte en una responsabilidad con las generaciones presentes y futuras. Ese es, probablemente, el principal aprendizaje que me deja este análisis. Costa Rica ya cuenta con un sistema de protección social extraordinariamente bien diseñado. El reto ahora es asegurar que cada colón que invertimos contribuya a hacerlo cada vez más sostenible y para lograrlo, la efectividad no puede ser negociable.